En la primera Sesión Ordinaria del Consejo Federal del Ministerio de Mujeres Género y Diversidad de la Nación, en el cual participa la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Ivana Ibáñez, firmó la declaración federal renovando el compromiso en la defensa del Estado de derecho y de las instituciones como condición necesaria para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y LGBTI+ del país.
El documento fue avalado por 20 provincias, además se expuso los avances y desafíos de la violencia digital y política la provincia y en el país. También participaron ONU mujeres y Cepal en la segunda jornada sobre más paridad y más democracia.
“El avance de la Violencia política y digital hacia las mujeres y LGBTI+ con cargos y voz pública amenazan la igualdad y los derechos humanos, con casos evidentes tanto a nivel nacional como en las provincias”, expresó la secretaria, y agregó: “Nos reunimos en esta primera Sesión Ordinaria del Consejo federal para poner sobre la mesa nuestras preocupaciones y necesidades territoriales, discutir y debatir las estrategias y políticas públicas que deben gestarse en forma conjunta para hacer frente a estas situaciones que afectan a la mayoría de nuestras poblaciones porque estamos hablando de mujeres y diversidades, que representan más de la mitad de la población”.
En este marco, el Consejo expuso: “En un año electoral y a 40 años de democracia convocamos a la sociedad y a todos los sectores políticos a: Reconstruir el pacto democrático en contra de la violencia política. La escalada de los discursos y conductas antidemocráticas tiene como principales destinatarias a las mujeres que participamos en la vida pública y política, sobre todo aquellas que venimos ocupando lugares de liderazgo en la lucha por más derechos y por más igualdad. El objetivo es el disciplinamiento y la exclusión de las mujeres del debate público y la vida democrática del país. Esto afecta los derechos de más de la mitad de la población y por lo tanto es una amenaza a la democracia”.
“Es contra nosotras y es también contra todos los avances en materia de igualdad y derechos humanos de las mujeres y la diversidad que hemos conseguido en estos años. Quieren hacernos retroceder. Por eso llamamos a defender y consolidar los ministerios y áreas de géneros y diversidad de todo el país. Para reducir la desigualdad, para erradicar la violencia necesitamos políticas públicas, estructura, personal especializado. El camino es con más y mejor estado”, expresaron.
“La agenda de género y diversidad es una agenda de mayorías. Estamos hablando de las necesidades y derechos de más de la mitad de la población e impacta en toda la sociedad. No es posible pensar en el desarrollo y crecimiento del país sin las mujeres, sin igualdad, sin inclusión. En este año electoral garantizar el cumplimiento de las leyes de paridad y la participación de las mujeres y LGBTI encabezando listas. La participación política de las mujeres y LGBTI en igualdad de condiciones y libres de violencia es una condición necesaria para la vigencia de una democracia plena” manifestaron.
Las autoridades del Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, renovaron su compromiso en la defensa del Estado de derecho y de las instituciones como condición necesaria para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y LGBTI+ del país.
A su vez, reivindicaron la incansable labor de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de diversidades en su lucha por la ampliación de derechos, que seguirán inspirando las batallas que falten hacia la igualdad plena, en todos los ámbitos.
Entre otras cosas, reconocieron los importantes avances y conquistas en materia de igualdad de género en Argentina e instaron a todas las fuerzas políticas a trabajar en conjunto para defender la institucionalidad de género y diversidad. Consideran prioritario establecer consensos irrevocables en todo el arco político que motiven a coordinar acciones en todos los niveles para garantizar la participación política de las mujeres y LGBTI+ en igualdad de condiciones y libres de violencia de ningún tipo como condición fundamental para la vigencia de una democracia plena y robusta. Por último, reconocen la necesidad de avanzar hacia una justicia con perspectiva feminista.
