Los comerciantes de La Gruta se ven envueltos en una acalorada disputa con el Obispado, ya que inesperadamente reciben un aviso que indica que su contrato actual ha vencido y se debe negociar uno nuevo por 24 meses. Los términos propuestos incluyen un aumento sustancial de la renta del 300% junto con gastos adicionales, lo que generó quejas sobre quién debería administrar el centro comercial, que tuvo una participación significativa de las autoridades municipales durante su construcción.
Los comerciantes abogan por que el municipio se haga cargo del complejo comercial en lugar del Obispado, quien emitió el aviso actual. La situación se ha vuelto cada vez más compleja y su resolución sigue siendo incierta.
Quien representa a algunos de los comerciantes afectados, expresó su preocupación. Explicó que el acuerdo original para que los comerciantes se trasladaran al complejo se prometió inicialmente como una concesión o acuerdo con las autoridades municipales. Sin embargo, el Obispado intervino inesperadamente, convirtiéndose en el administrador del local a través de un contrato de arrendamiento, el cual estará vigente desde 2021 hasta 2026.
El reciente cambio en la administración del complejo bajo la dirección del padre Santiago Granillo ha dejado a los comerciantes en una posición precaria. Los términos del nuevo contrato propuesto se consideran desfavorables debido al aumento sustancial en la renta mensual, que asciende a un asombroso 300%. Además, ahora se espera que los comerciantes cubran los gastos de alumbrado público y limpieza, servicios que antes eran manejados por el municipio.
A pesar de los esfuerzos de los comerciantes por entablar un diálogo con el Obispado sobre el tema, afirman no haber recibido una respuesta significativa. El padre Santiago Granillo, quien asumió la responsabilidad del local en noviembre del año anterior, no ha hecho ningún esfuerzo por atender las inquietudes de los comerciantes ni colaborar con ellos, dejándolos en un estado de incertidumbre desde hace casi ocho meses.
A medida que aumentan las tensiones, los comerciantes esperan ansiosamente una resolución que salvaguarde sus medios de subsistencia y asegure un acuerdo justo y transparente que aborde sus preocupaciones sobre los términos del contrato propuesto y la administración del complejo comercial.
