El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La medida fue oficializada a través del Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La decisión se produce en un contexto de tensión entre el Estado y las universidades por recortes presupuestarios. Con este veto, se espera una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria.
Los puntos clave del Proyecto de Ley vetado:
Garantizar el financiamiento: establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
Partidas presupuestarias específicas: determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”.
Actualización por IPC: encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar «intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo» para administrar los recursos del Estado.
Veto a la Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan
En el mismo sentido y con la misma lógica, Javier Milei también vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica por considerar que promulgar la ley significaba un «aumento desmedido e irresponsable del gasto público». Nación estimaba un «impacto fiscal directo» de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en el proyecto.
Otro de los motivos del veto fue que peligraba la financiación de otros programas sanitarios vigentes, como por ejemplo: el calendario total de vacunas, las políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales, entre otros.
