El oficialismo logró la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto, impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuento Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios.
Por su parte, la oposición peronista en el Congreso logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general. Incluso sumó a los diputados de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil. Pero cuando llegó el momento de la votación de los artículos en particular, los diputados del Frente Renovador tomaron distancia y validaron la baja de la edad de punibilidad.
El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
Según detallaron, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
En cuanto al presupuesto del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo especialmente destinado a los aportes para la implementación del nuevo régimen penal. En total, serán $23.739.155.303, que se repartirán $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. El agregado se hizo luego de que los gobernadores amenazaran con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.
Fuente: Infobae
