Finalmente, tras más de diez horas de debate, el oficialismo junto al voto del bloque dialoguista logró aprobar y girar a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque con la resistencia de las provincias debió hacer marcha atrás con el capítulo que modifica la Ley de Manejo del Fuego. La votación en general fue por 37 votos a favor y 33 en contra.
Si bien se mantenía la protección sobre bosques nativos y reservas forestales, entre los bloques de fuerzas provinciales y algunos senadores patagónicos comenzó a crecer la resistencia a levantar la prohibición para disponer de los predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por un siniestro.
Sin los votos para aprobarlo, el oficialismo terminó pidiendo la eliminación del capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego. Lo planteó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del oficialismo, Agustín Coto (Tierra del Fuego), antes de la votación en general, lo que provocó el aplauso de la oposición.
Este fue el segundo capítulo que debió resignar el oficialismo en las últimas 48 horas, después de que el martes anunciara que no iba a insistir con la idea de relajar los límites a la venta de tierras productivas a personas físicas y jurídicas extranjeras.
Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.
En la previa al debate, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada había llegado al recinto sin el capítulo de extranjerización de tierras, que cayó por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista como consecuencia de la presión política y social, con marchas en todo el país y principalmente en inmediaciones al Congreso, la cual terminó con incidentes y una fuerte represión policial.
De esta manera, el proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
Fuente: La Nación.
