El Gobierno nacional creó un registro que deberán utilizar los distritos que reciban fondos nacionales para la construcción de viviendas. Tendría por objeto eliminar la discrecionalidad en la asignación y los fraudes contra el Estado con las viviendas.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, firmaron una resolución que invita a las provincias a sumarse al registro. Aunque la propuesta no es obligatoria, será necesaria para que los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV), que dependen de los gobernadores y manejan la construcción de casas para los sectores menos favorecidos, reciban fondos del Gobierno nacional para financiar obras en su territorio.
La medida apuntaría a evitar la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, por lo que en el ámbito del Ministerio del Interior se creó el registro único de viviendas sociales a nivel nacional que le permitirá saber con precisión si el otorgamiento de las casas se hace con una orientación política o guiado por la necesidad social. “Se trata de un cambio sustancial para uno de los presupuestos importantes de la Nación, que este año contará con fondos por $15.000 millones”, señala un párrafo de la nota publicada por el diario La Nación.
Sin embargo, los gobernadores mantendrán un alto grado de autonomía al momento de definir dónde, cómo y con qué empresa construir las viviendas. También seguirán administrando los recursos que envíe Nación, algo que fue puesto en duda por algunos funcionarios el año pasado.
«No es un control coercitivo. Estamos invitando. Ellos pueden designar a dedo a los beneficiarios si lo hacen con su dinero. Pero si financiamos el 70% o el 100% de la obra, queremos ponerles algunas condiciones para que todo sea transparente y claro», aseguró Amaya al matutino porteño.
Se llamará Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE), una herramienta de gestión de la Base Única de Beneficiarios (BUB), que se aplicará a los convenios específicos suscriptos en el marco del Plan Nacional de Vivienda.
«Observábamos que los institutos accionaban casas sin controlar si los beneficiarios tenían propiedades en otras provincias. Solo pedían el certificado en la dirección provincial», explicó Amaya.
Según el diagnóstico del Gobierno, los manejos que realizaron las provincias y los municipios en los últimos años sobre el destino de las viviendas para los más necesitados hizo que «a mucha de la gente a la que le correspondía una vivienda social no le llegó y por eso crecieron los asentamientos precarios», analizó el funcionario.
