Si bien el escenario actual ubica a nuestro país en el punto más crucial de la pandemia por el COVID-19, que ya lleva más de 100.000 infectados y más de 1.200 muertos, el gobierno nacional piensa en formas de interrumpir el bono de $ 10.000 y transformarlo en una “renta básica ciudadana” para los sectores más vulnerables.
Por estos días, la certeza es que en agosto habrá un tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia, el programa de asistencia pensado para 3,5 millones de familias que terminó extendiéndose a casi 9 millones. Ahora bien, lo que se analiza y no se descarta es que haya na cuarta edición, aunque sí se discute es reducir su costo o reconvertirla en una renta básica para los sectores que más necesitan.
El plan del Gobierno es ir pensando y adelantándose a medidas que se podrían aplicar en “el día después” ya que el programa asistencial conocido como IFE, terminó generando un costo mucho mayor de lo esperado para las arcas del estado argentino.
Ante esto, las alertas del gobierno de Alberto Fernández, pasan en primer lugar por la emisión monetaria del Banco Central, principal fuente de financiamiento a la que recurre hoy el Tesoro, que tiene un límite legal que obliga a moderar el gasto. Es así que en un primer intento de reducir el impacto en las cuentas públicas era direccionar el tercer pago del IFE en las zonas del AMBA y Chaco, pero la idea se descartó por el propio presidente Fernández a pedido de los gobernadores, ya que hubo varias provincias que tuvieron que retroceder a fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por nuevos brotes de coronavirus.
Hasta ahora, los dos pagos ya concretados o en vías de terminar de concretarse surgieron de decretos de necesidad y urgencia (DNU) específicos, y el tercero también requerirá de uno similar. No se trata de una mensualidad ni de un plan que haya llegado para quedarse.
Desde el gobierno, aclararon que el bono de Anses “no tiene fecha de vencimiento” en tanto todavía no se puede afirmar que las familias que lo percibieron desde que empezó la cuarentena hayan podido volver al trabajo, dada la menor actividad económica y la desaparición del mapa productivo de rubros enteros -como turismo, hotelería o servicios personales-.
La línea es clara y la intención es que a la salida de este panorama complejo de crisis sanitaria, Nación piensa en “mutar y calibrar” un plan de gasto público más vinculado con obras y financiamiento para que las empresas puedan tener capital de trabajo para volver a producir.
Lo cierto es que todas las especulaciones que pueden surgir de esta situación son muchas, lo que sí está claro es que todo depende de la evolución de la cuarentena, la relación con los gobernadores y los límites de las arcas públicas.
En este contexto, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, en una teleconferencia organizada por la Universidad de Lanus, se refirió a lo que todavía es un proyecto germinal pero que está en la mente del Gobierno para el día después del IFE: la renta básica universal o renta básica “ciudadana”.
“Antes de la pandemia la Argentina tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños, 40% de trabajo informal y 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Antes de la pandemia estábamos con esta situación crítica. Es evidente que este contexto se ha complicado, que está aumentando la pobreza, que está creciendo la desocupación y que hoy son 11 las millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Pasamos de 8 a 11 millones en los últimos 60, 90 días”, dijo ante un auditorio virtual de sindicalistas y académicos frente a los que admitió que su cartera ya gastó el 120% del presupuesto que había estimado para este año.
Para Arroyo, la aplicación de un programa de estas características debería apuntar al consenso y, para ello, tiene que estar asociado a la generación de trabajo. “El ingreso base universal requiere consenso y un acuerdo fiscal y pensar mecanismos de financiamiento en términos de una reforma impositiva” puntualizó.
