El proyecto recientemente aprobado busca recomponer los haberes jubilatorios y aumentar el bono de $70.000, congelado desde su entrada en vigencia. Si bien el Gobierno adelantó que vetará la iniciativa, quedan instancias para que el incremento se haga efectivo.
Hoy en día, el haber mínimo para jubilados y pensionados alcanza los $309.294,79, mientras que el haber máximo es $2.081.261,17. Estos valores reflejan los ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dispuestos desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024. En el caso de aquellos que cobran mínima, se suma el bono de $70.000, por lo que el monto total llega a $379.294,79.
La sanción prevé una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y elevar el bono a $110.000. Es el porcentaje necesario para que el aumento extraordinario de 12,5% otorgado por decreto en abril del año pasado alcance 20,6%, nivel que corresponde a la inflación de enero de 2024.
De esta manera, los haberes mínimos, tomando como base los montos actuales, quedarían en $441.564. Se trata de una suba total de 16,4%. En el caso de los haberes máximos, estos quedarían en $2.231.111. Mientras que, aquellos que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con aumento, empezarían a cobrar $317.436 frente a los $247.436 que reciben actualmente.
Para el gobierno de Milei, el aumento del bono a $110.000, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0,26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente, la oposición terminó consensuando una cifra intermedia.
Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.
Para garantizar los recursos, el Congreso propuso la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.
Fuente: Infobae.
